Isabel Díaz Ayuso tiene un nuevo frente judicial y esta vez es gordo. Se reactiva el caso de las 7.291 víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid, aquellas personas mayores a las que se les prohibió ir a un hospital público por orden del Gobierno de Ayuso durante lo peor de la pandemia.
Mañana y pasado declaran como imputados tres ex altos cargos de su gobierno. Y mientras tanto, ¿qué hace Ayuso? Decir que tomará «medidas contundentes» contra quien haga negocio con la sanidad. Increíble. ¿Y su novio? ¿Y su hermano? ¿Qué pasa con los 2 millones de euros en comisiones de mascarillas?
Además, el escándalo del Hospital de Torrejón destapa cómo la sanidad privatizada está alargando listas de espera para ganar más dinero. Un millón de madrileños esperando a ser atendidos. Un 14% de la población.
Todo está conectado: la gestión pésima, los negocios del entorno de Ayuso y el intento constante de distraernos hablando de ETA. Pero aquí no nos vamos a callar.